Las revisiones electrónicas permiten al SAT contrastar CFDI, declaraciones, contabilidad y datos de terceros sin iniciar con una visita física. El procedimiento puede comenzar con una resolución provisional y una preliquidación depositadas en el Buzón Tributario. Desde ese momento corren plazos breves para aclarar, aportar pruebas o corregirse. En 2026, una respuesta eficaz depende de conservar evidencia antes del requerimiento, asignar responsables y separar la explicación jurídica de la conciliación numérica. Cada caso requiere estrategia profesional propia.
Cómo inicia y qué revisa la autoridad
El Código Fiscal de la Federación autoriza revisiones electrónicas con base en información que ya obra en poder de la autoridad. El SAT puede detectar diferencias entre ingresos facturados y declarados, retenciones, deducciones, pagos o datos reportados por terceros. El acto inicia con la notificación de una resolución provisional que describe hechos u omisiones y puede incluir una preliquidación. No equivale todavía a una resolución definitiva, pero exige reacción inmediata. Debe verificarse autenticidad, fecha legal de notificación, ejercicio, contribución, rubros y metodología. El correo de aviso no sustituye al documento del buzón. La primera tarea es preservar el archivo original y calcular el plazo con calendario fiscal, no con estimaciones.
Plazos y opciones durante la revisión
Después de la notificación, el contribuyente cuenta generalmente con quince días hábiles para manifestar lo que convenga, aportar documentación, desvirtuar irregularidades o acreditar el pago. Si acepta la preliquidación y se corrige dentro de ese plazo, la ley contempla una multa equivalente al veinte por ciento de las contribuciones omitidas, además de los conceptos aplicables. La autoridad puede formular un segundo requerimiento y otorgar diez días para responder. Una vez completa la información, dispone de cuarenta días hábiles para emitir y notificar resolución. También puede evaluarse un acuerdo conclusivo ante PRODECON. Elegir entre aclarar, corregir o controvertir requiere medir hechos, pruebas, costo financiero y efectos en otros periodos.
El expediente de respuesta
Una contestación útil conecta cada observación con un hecho, fundamento, conciliación y anexo numerado. Conviene preparar una matriz que muestre dato del SAT, dato del contribuyente, diferencia, explicación y documento soporte. Los XML, estados de cuenta, pólizas, contratos y declaraciones deben ser legibles y consistentes; enviar volumen sin índice dificulta la revisión. Antes de presentar, se verifica que la respuesta cubra todos los puntos y que los archivos no estén dañados. La Suprema Corte ha reconocido consecuencias cuando la autoridad emite la resolución definitiva fuera del plazo legal de cuarenta días, pero ese control no reemplaza una defensa oportuna. Deben conservarse acuse, hash o copia exacta de lo enviado y cronología completa.
Puntos clave
- La resolución provisional abre una oportunidad de aclarar; no debe tratarse como una determinación definitiva.
- El plazo inicial para responder es normalmente de quince días hábiles desde la notificación.
- La autoridad puede emitir un segundo requerimiento y después cuenta con un plazo legal para resolver.
- Una matriz de observaciones y anexos es más eficaz que remitir documentos sin estructura.
Qué conviene revisar
- Preservar resolución, preliquidación, acuse y evidencia de la fecha exacta de notificación.
- Conciliar cada diferencia con CFDI, declaraciones, contabilidad, bancos y documentación contractual.
- Evaluar tempranamente aclaración, autocorrección, acuerdo conclusivo y medios de defensa aplicables.